Esta nota puede verse en el sitio web de la Cámara Inmobiliaria Argentina, publicada con fecha 29 de abril de 2005. Para quien lo desconozca, la mencionada ley 24.441, sancionada en el año 1995, en su artículo 77 estableció un tope al cobro de las comisiones que los intermediarios en la compra y venta de propiedades deben percibir por sus tareas profesionales. Así se estableció que en la adquisición de propiedades nuevas los corredores inmobiliarios sólo percibirán su comisión del comitente y para otras operaciones, la comisión a cobrar del comprador se fijó en 1,5 % del valor de la transacción.
La ley 24.441 se aplicó en Capital Federal hasta la creación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, existiendo actualmente un vacío en esta materia.

Tal y como lo menciona la nota, el proyecto de declaración 2019-D-05 instaba al Poder Ejecutivo a dirigirse al Gobierno de la Ciudad para que se suscribieran convenios con las cámaras inmobiliarias a los efectos de poner tope a las comisiones que cobran las distintas inmobiliarias, tanto para la venta como para la compra de propiedades nuevas y/o usadas. Este proyecto caducó a principios de 2006 y si bien actualmente hay 15 proyectos de ley vigentes que modificarían la ley 24.441, en su mayoría están relacionados con los fideicomisos para vivienda y deudas hipotecarias.
En la actualidad el valor de las propiedades comercializadas a través de un agente inmobiliario se ven excesivamente incrementadas por las exorbitantes comisiones que estos perciben – entre un 3% y 4% a cada una de las partes. O sea que el precio de esa propiedad aumenta hasta un 8%, que trasladados a importe de mercado se traduciría para un inmueble cuyo valor es de $150.000 (Un departamento de 2 ambientes) en $12.000.

Suena cuando menos desubicado que cuando desde el Estado se muestra un esfuerzo por generar mayores facilidades de acceso a la vivienda propia (aún con las deficiencias que en la práctica denotan las nuevas reglamentaciones) y requiere un acompañamiento de otros sectores cómo el financiero; el conjunto de empresarios inmobiliarios (vale recordar que la Ciudad de Buenos Aires es una de las pocas jurisdicciones donde la actividad no está reglamentada ni colegiada) mantiene una postura corporativa y casi hasta oligopólica manteniendo los porcentajes mencionados. Sino, cuando menos parece extraño que ninguna de ellas haya iniciado una etapa de competencia con sus colegas, reduciendo los costos en pos de un aumento de producción.
Seguramente Ud. Piense que es en estos casos en los cuales el Poder Legislativo debe intervenir , implementando reglas claras al mercado, a los efectos de evitar la desprotección de los consumidores; si es así sepa que somos muchos los que compartimos ese pensamiento.